fraudes inmobiliarios por Nelly montas

Análisis del creciente fraude inmobiliario en la República Dominicana

La República Dominicana enfrenta una preocupante ola de fraudes en el sector inmobiliario, al punto que muchos ciudadanos sienten que el país se ha convertido en una "cuna de ladrones". Este fenómeno se manifiesta a través de bandas organizadas muchas veces disfrazadas de empresas constructoras legales que se dedican a estafar a personas trabajadoras que sueñan con tener un techo propio . Dominicanos y extranjeros ahorran durante años para comprar una casa, un apartamento o un solar, y al momento de la entrega, descubren que no hay propiedad ni forma de recuperar su inversión. El nivel de impunidad es tan alto que estas estafas se han vuelto casi normales, ante el silencio o la pasividad de muchas autoridades.

Uno de los aspectos más indignantes de esta situación es la complicidad o indiferencia de algunos sectores políticos, empresariales y mediáticos. Se han reportado casos en que exfuncionarios y figuras públicas utilizan su influencia para involucrarse en proyectos inmobiliarios fraudulentos. A pesar de las denuncias, reciben respaldo público en los medios de comunicación, mientras las víctimas son ignoradas o ridiculizadas. Esta defensa selectiva refuerza la percepción de que en el país existe una justicia parcial, donde los "ladrones de saco y corbata" gozan de protección mientras las víctimas quedan desamparadas.

El daño no es solamente económico. Cuando una persona pierde sus ahorros de toda la vida, también pierde salud, estabilidad emocional, e incluso la fe en el sistema. Este tipo de crimen destruye familias y genera una profunda desconfianza social. Si el Estado no actúa con urgencia, el país corre el riesgo de que la ciudadanía empiece a tomar la justicia por sus propias manos, como se ha insinuado en algunas expresiones populares, cansadas de esperar respuestas.

Es urgente que el Presidente de la República y las autoridades competentes reformen y fortalezcan el marco legal inmobiliario. La Ley de Registro Inmobiliario debe ser revisada para cerrar las brechas que permiten los fraudes, así como establecer mecanismos de control más estrictos a las empresas constructoras y a los proyectos en preventa. Además, debe crearse una unidad especializada del Ministerio Público dedicada exclusivamente a investigar y perseguir delitos inmobiliarios.

También es indispensable un régimen de consecuencias real. No es aceptable que una persona robe millones a decenas de familias y salga en libertad al día siguiente. La estafa inmobiliaria debe ser tratada como un crimen grave, y quienes lo cometan deben cumplir penas ejemplares, sin importar su estatus político o social.

La ciudadanía debe mantenerse alerta y exigir que se respeten sus derechos. No se puede seguir normalizando el robo de propiedades ni defendiendo a delincuentes por afinidad política o mediática. Un país donde no se garantiza la seguridad jurídica de una propiedad es un país destinado al colapso social. Si no se actúa hoy, mañana no habrá confianza ni para comprar una letrina, mucho menos para invertir en una vivienda digna.